Las transferencias a provincias caen con Milei y crecen los conflictos laborales en todo el país

El gobierno de Javier Milei redujo la ejecución de las transferencias nacionales a las provincias en un 65,65% en términos reales desde el inicio de su gestión. Como consecuencia, los recursos disponibles de las provincias —sumando transferencias automáticas y discrecionales— cayeron un 19% en términos reales, lo que equivale a una pérdida de 1,5 billones de pesos mensuales.

Para paliar este desfasaje, el Gobierno giró a doce provincias un anticipo financiero por 400.000 millones de pesos, según información relevada por la Agencia Noticias Argentinas.

En los últimos 12 meses, la variación real interanual de las transferencias nacionales totales fue negativa en un 3,2%, de acuerdo con un informe del economista Nadin Argañaraz, presidente del IARAF.

Quiebre financiero en las provincias

Según el Decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial, la mitad de las provincias argentinas se encuentran transitoriamente impedidas de afrontar los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus presupuestos y deudas.

En este contexto, el Gobierno otorgó anticipos financieros a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, con una tasa del 15% anual.

El monto asignado a cada jurisdicción se define según su capacidad de repago, en función de su participación en la recaudación nacional. En todos los casos, los fondos no pueden superar los 400.000 millones de pesos y deben ser devueltos antes del 31 de diciembre de 2026.

Caída de ingresos y aumento del conflicto

Durante el primer trimestre de 2026, los recursos por coparticipación cayeron un 8%, mientras que los ingresos por impuestos provinciales se redujeron cerca de un 4%.

Dado que alrededor del 70% del gasto provincial se destina a salud, educación, seguridad social y seguridad, el ajuste impactó directamente sobre los trabajadores de estos sectores.

Un relevamiento del Centro CEPA, encabezado por Hernán Letcher, indicó que el 80,4% de las provincias registra conflictos laborales activos en áreas como educación, salud, fuerzas de seguridad y empleo público.

En el 19,6% restante, donde hubo acuerdos, estos son mayormente transitorios: los gremios aceptan revisiones salariales en plazos de 30 o 60 días para evitar perder frente a la inflación.

Mapa del conflicto

La conflictividad laboral se extiende a lo largo de todo el país, con distintos niveles de intensidad según la provincia. Buenos Aires presenta conflictos en educación, empleo público, judiciales y salud, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los reclamos se concentran en educación y empleo público, con pedidos de adelantamiento de paritarias.

En Catamarca se registran seis sectores en conflicto, incluyendo educación, empleo público, judiciales, policía y salud. Chaco muestra siete focos conflictivos, principalmente en educación, empleo público y fuerzas de seguridad.

Córdoba, por su parte, presenta conflictos en cinco áreas: educación, judiciales, jubilaciones, salud y empleo público. En Mendoza, Misiones y Neuquén también se registran tensiones en sectores clave como educación, salud y administración pública.

En la región patagónica, Río Negro y Santa Cruz exhiben múltiples focos de conflicto, incluyendo educación, salud, policía y judiciales. En el norte del país, provincias como Salta, Jujuy y Tucumán también enfrentan reclamos en educación, empleo público y seguridad.

El panorama general muestra un sistema provincial tensionado por la caída de recursos y la dificultad para sostener el gasto en áreas esenciales, con un impacto directo en los trabajadores estatales y en la prestación de servicios públicos